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Cómo se enriquecen los desarmaderos ilegales en Mendoza

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El círculo de compra y venta de autopartes robadas involucra también a quienes buscan engañar a las aseguradoras. El martes se tratará en la Legislatura un proyecto para combatir este flagelo.

El robo de autopartes y cubiertas es uno de los problemas de inseguridad más comunes en Mendoza, según reconoció el Gobierno. Por un lado, los ladrones suelen dirigirse a desarmaderos clandestinos, en donde compran lo sustraído y lo revenden a un precio mucho menor que el que tendría en el mercado legal.

Estos lugares se benefician, por otro lado, gracias a los mismos propietarios, que buscan engañar a las aseguradoras: les entregan su vehículo a los desarmaderos, recibiendo dinero por la venta y por el cobro del seguro. Mientras, el taller consigue más productos para comercializar.

Así es el ciclo que sostiene los robos cotidianos a los vehículos, según describieron desde la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva), quienes apoyaron el proyecto que se está analizando en la Legislatura buscando controlar la situación.

José Paris, miembro de la Cámara y dueño del desarmadero autorizado que lleva su apellido, señaló que frenar el mercado negro es el primer paso para terminar con los robos, porque todo el proceso termina confluyendo ahí.

Ver también: No saben cómo frenar el robo de llantas y cubiertas

"No tenemos forma de saber cuántos ilegales hay, pero nos damos cuenta por la gente que dice cuánto le costaron los repuestos y son sospechosamente baratos", ilustró.

En la provincia solamente hay cinco desarmaderos autorizados para operar, según los datos de la Cámara. "Buscamos la forma de mantener el negocio en pie, a la vez que tenemos este tipo de competencia. Nuestro apoyo al proyecto es principalmente para evitar los robos, la comercialización ilegal, porque nos afecta a todos", sostuvo Paris.

Entre estos factores también se evaluó el factor cultural: tanto desde el lado de los ladrones como de los desarmaderos, si alguien vende las autopartes robadas es porque tienen quien las compre. “Según diferentes estadísticas, el 80% de los robos que hay en la provincia son autorrobos. Eso sería importante incluirlo en la Ley y que se imponga penas a la persona que cometa el delito”, sugirió Federico Fernández, abogado de la Carva.

El proyecto lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo en su último discurso de apertura de sesiones en la Legislatura. Está pautado que se trate en el Senado este martes, donde la oposición está analizando también la iniciativa

"Todavía no lo revisamos como bloque, ahí se verá si se toma una decisión conjunta o se acuerda votar individualmente. Por el momento, considero positivo lo que sea regulación de estos establecimientos, pero tenemos que ver los detalles y qué propuestas aportamos", indicó Adolfo Bermejo, senador del PJ.

En el mismo sentido, Mauricio Sat (PJ), miembro de la Comisión de LAC, indicó que consideran positivo en líneas generales la medida, pero que se trata de una legislación redundante. "Es algo que ya está, pero sirve como cortina de humo para darle mayor difusión como si fuese un proyecto diferente", indicó.

Respecto a la iniciativa, Cornejo señaló que se busca desalentar la compra de autopartes y neumáticos de dudosa procedencia y aumentar control de quienes las venden "no sólo con fines tributarios y administrativos, sino en la lucha contra el delito y contra la inseguridad, desarticulando de este modo el circuito de venta clandestina" 

"Este es un proyecto que pretende dar batalla contra el robo de neumáticos y autopartes de vehículos que tiene a maltraer a la sociedad, organizando al Estado para vencer al crimen organizado y fundamentalmente también a ese delincuente suelto que no es parte de una organización criminal pero ya vive de robar lo ajeno, de un crimen más chico, que molesta mucho y se ha transformado en un modo de vida para muchas personas", apuntó el gobernador en el documento enviado a la Legislatura.

Los puntos principales

El proyecto consta de 10 artículos, en los que se detalla que los fiscales se sumarán a las investigaciones de los desarmaderos, además de los policías. 

En caso de encontrarse elementos que no tengan un origen legal comprobado, podrán tomarse como "material peligroso", al igual que las drogas, y habrá un lapso de 24 horas después de una medida judicial para destruirlas y así evitar que vuelvan a ser comercializadas.

“En los allanamientos encontrábamos que las piezas se quedaban en los desarmaderos, con lo cual volvían a vender las herramientas que habían sacado de los vehículos”, indicó el ministro de Seguridad, Gianni Venier. "Ahora una vez incautada la pieza, inmediatamente tiene que ser destruida. Se hace una compactación, una destrucción. Esto lo hará el Ministerio de Seguridad cuando el fiscal dé la orden de secuestro del bien”, explicó.

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